La filtración de mensajes privados entre Pedro Sánchez, y el exministro José Luis Ábalos ha generado desconcierto a vista las respuestas contradictorias dentro del propio Ejecutivo sobre el posible origen de dichas revelaciones.
El material filtrado, que incluye las ya famosas conversaciones de Whatsapp entre Sánchez y Ábalos y que muestran lo cercana que era su relación, habría salido presuntamente de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aún pendiente de hacerse público.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insinuó en público que la filtración podría haberse producido desde dentro de la propia Guardia Civil, al ser el cuerpo responsable de custodiar el material. “Es un material que nunca tenía que haber visto la luz y evidentemente es responsable de él quien tiene el deber de custodia”, afirmó Montero, dejando entrever o negligencia o intencionalidad por parte de los investigadores.
La defensa de Marlaska a la Guardia Civil
Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desautorizó esa insinuación, descartando categóricamente cualquier responsabilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Estoy convencido de que esas filtraciones no pueden venir de ningún lado, de ningún miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Mi confianza en la Guardia Civil y la Policía Nacional es absoluta, del 100%”, aseguró el ministro.
Las 'oportunas' preguntas de Cerdán
A esta controversia se suma una coincidencia llamativa. El 9 de mayo, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, registró en el Congreso cinco preguntas sobre obras públicas en Navarra. Fue la primera vez en toda su carrera parlamentaria que mostró interés por este tipo de cuestiones, según el propio registro del Congreso. Ese repentino interés coincidió con los rumores de que la Guardia Civil estaba a punto de remitir un informe que le implicaría en conversaciones sobre adjudicaciones millonarias, incluyendo el proyecto de los túneles de Belate, cuestionado previamente por UPN por presuntos vicios de procedimiento.
La UCO investiga si hubo uso de influencias para favorecer determinadas adjudicaciones en Navarra, una región clave para el PSOE.
