Son, técnicamente, inmigrantes sin papeles. Pero no son inmigrantes sin más. Si abandonan España, se arriesgan a ser detenidos y deportados de vuelta a Rusia, donde, en el mejor de los casos, acabarían en prisión durante varios años.
¿Qué hacen aquí?
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, explicó en su momento: "También tomamos la decisión de no cerrar, de no bloquear completamente, pensando en miembros de ONG, en defensores de los derechos humanos, en periodistas que se están jugando la vida, porque no es como manifestarse en Madrid o en Europa. Allí te puede costar la vida o, como mínimo, muchos años de cárcel. Por lo tanto, tienen que tener un lugar entre nosotros".
Meses después de estas declaraciones —pronunciadas en otoño de 2022—, altos cargos del Ministerio de Exteriores contactaron con un grupo de activistas y periodistas rusos exiliados en Georgia. Entre ellos se encontraba Egor Kuroptev, líder de una fundación prohibida por el Kremlin, quien habló en nombre de todos.
"Nos ofrecieron permisos humanitarios de residencia y nos otorgaron unos cuantos a modo de prueba, para comprobar que el proceso podía funcionar", explica Egor.
La Ley de Extranjería en España contempla una vía rápida para este tipo de casos. Durante casi un año se revisaron uno por uno los perfiles del grupo, se examinaron los documentos y se preparó la tramitación de las autorizaciones previas para viajar a España desde varios consulados en el extranjero."Nos habían recomendado incluso que, al llegar al departamento de inmigración, abriésemos ChatGPT y tuviéramos preparado un texto. Hasta ese detalle. No hubiéramos dado un solo paso sin tener el 100% de garantías", recuerda Egor.
Pero, al llegar, todo se torció
"Según llegamos dijimos: 'hola, estamos aquí, ¿podemos empezar, por favor, la siguiente fase del proceso?'. Y desde ese momento, nadie nos respondió. Nos han denegado la residencia alegando que no ven riesgo, y nos dicen que pidamos protección internacional", denuncia el activista. La protección internacional —el asilo político— es un proceso complejo que puede tardar años, si es que llega a resolverse favorablemente. Mientras tanto, los solicitantes quedan atrapados en un limbo jurídico, sin derechos plenos ni certezas sobre su futuro.
Egor insiste en que sus palabras no deben interpretarse como un reproche al Gobierno español. Lo suyo, dice, es simplemente una llamada de auxilio. Un intento desesperado por salir de una situación insostenible.
Casos como el suyo no son nuevos. Ya ocurrió con refugiados afganos y ucranianos, cuya situación se resolvió, en parte, por una cuestión de voluntad política. Por ello, este medio ha consultado al Ministerio de Exteriores para saber si hay novedades o soluciones alternativas en estudio. También el senador extremeño José Antonio Monago ha planteado la cuestión por escrito en la Cámara Alta. Aún no ha recibido respuesta. Nosotros, de momento, tampoco.
