Después del anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez del denominado como Plan de Rearme, la inversión en defensa se ha situado en el centro del debate político tras la confirmación por parte del presidente de que España alcanzará este mismo año el objetivo de destinar el 2% del PIB a Seguridad y Defensa, en línea con los compromisos adquiridos con la OTAN. Pero el primer día de este ambicioso plan, que incluye el desarrollo de la industria nacional de armamento y tecnología militar, ha sido salpicado por la polémica compra de balas a Israel que estuvo a punto de ser cancelada por el estallido de la guerra de Gaza.
En medio de este contexto de aumento del gasto militar, ha cobrado especial relevancia la formalización por parte del Ministerio del Interior de la compra de más de 15 millones de balas a la empresa israelí Guardian Defense & Homeland Security S.A., por valor de 6,6 millones de euros, destinada a la Guardia Civil. Se trataba de una compra de cartuchería 9x19 milímetros semiblanda NATO, utilizado en las pistolas llamadas “Ramon”, que fueron compradas en enero de 2023 por Interior a la misma compañía.
Una rectificación con incoherencias morales
Este contrato fue adjudicado el 22 octubre de 2024 por esta empresa que lleva más de 15 años trabajando en España, y tan solo unos días después de su anuncio el Ejecutivo quiso romper el contrato debido a situación de la nación israelita en el conflicto de Oriente próximo. Fuentes de Interior consultadas señalaron que una semana después se puso en marcha el estudio sobre la posible rescisión del contrato.
Sin embargo, tras finalizar el análisis jurídico y ante la advertencia de la Abogacía del Estado sobre el riesgo de afrontar una fuerte indemnización si se rescindía el contrato, Interior decidió finalmente mantener la compra pese a su fuerte postura contraria al gobierno de Netanyahu.
La formalización se produjo el 16 de abril, en plena Semana Santa, y supone una rectificación respecto al compromiso político inicial de excluir a empresas israelíes de los procesos de adquisición de material militar mientras persista la ofensiva en Gaza.
Polémicas en redes y protestas desde Sumar
Esta operación ha generado críticas tanto en el ámbito político como social, al evidenciar la tensión entre los compromisos internacionales de España en materia de defensa y las posiciones adoptadas por el Gobierno frente al conflicto palestino-israelí. Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de garantizar el suministro de material esencial para la seguridad, organizaciones y partidos han cuestionado la coherencia de la política exterior y de derechos humanos del Gobierno en un momento de rearme acelerado.
La coincidencia entre el anuncio del plan de rearme de Sánchez y la formalización de la compra de balas a Israel subraya los retos y contradicciones a los que se enfrenta España en su estrategia de seguridad, en un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania, la presión de la OTAN y la inestabilidad en Oriente Próximo.
Además esta iniciativa ha levantado asperezas en uno de los socios más importantes del ejecutivo, el partido izquierdista Sumar. Según pudo saber este medio, durante el Congreso de la organización política salió en tromba contra Sánchez para pedirle que anule el contrato de compra. Eso sí, de momento... Ninguno amaga con medidas políticas que comprometan el apoyo al Gobierno.
