La obligatoriedad de que los alojamientos turísticos y de temporada dispongan de un Número de Registro del Alquiler ha entrado plenamente en vigor este martes en Baleares, una medida que busca regular el sector y aplicar la normativa europea. El archipiélago acumula 12.549 solicitudes, posicionándose como la quinta comunidad con más registros a nivel nacional.
El director general de Turismo del Govern, Josep Aloy, ha valorado este nuevo requisito, ha expresado en Onda Cero su preocupación por esta medida, indicando que, si bien la normativa europea da de plazo hasta mediados de 2026, el Gobierno de España se ha "adelantado" con un decreto que, a su juicio, supone una "invasión importante de competencias" en la ordenación turística, ya que no emana del departamento de turismo, sino de vivienda, y el control recae en los registradores de la propiedad, y no en los consells insulars, quienes tienen transferidas estas competencias.
De las solicitudes totales en las islas, un 92,87% (11.654) corresponden a alquileres turísticos. De estas, 6.856 ya están activas de forma definitiva, 3.812 provisionalmente y 986 han sido revocadas. Aloy ha insistido en que el Govern ya ha tomado sus propias medidas de control de la oferta ilegal a través del nuevo decreto 4/2025, que endurece las sanciones y permite a los consells emitir órdenes de cierre, elevando los casos a fiscalía en caso de incumplimiento. Además, ha recordado que ya existen acuerdos con las principales plataformas para el control de la identificación de los alojamientos. A pesar de la entrada en vigor del nuevo registro, Aloy ha solicitado una sectorial de turismo para abordar las "carencias" del decreto, especialmente en lo que respecta a las sanciones por incumplimiento.
Respecto al impacto de esta nueva regulación en el mercado del alquiler residencial, Aloy ha reiterado la postura del Govern de que "lo que es turístico es turístico y lo que es residencial es residencial". Ha defendido que la normativa busca evitar que la oferta residencial se convierta en oferta turística ilegal, lo que contribuiría a paliar la escasez de vivienda para residentes y trabajadores. Según el director general, el problema de la vivienda es "común a todas las islas" y la regulación es crucial para la sostenibilidad del sector turístico y residencial.
Aloy ha aclarado que este nuevo registro solo afecta a las viviendas residenciales con uso turístico, es decir, aquellas que deben identificarse como tal a través de la legalidad urbanística y turística. Ha puesto como ejemplo que los agroturismos y apartamentos turísticos que ya tienen una categorización legal como oferta turística no necesitan esta nueva identificación. Finalmente, ha lamentado que el decreto estatal no establezca un orden de sanciones claro para los incumplimientos, una carencia que el Govern considera fundamental para la efectividad de la norma, y ha recordado la inversión de 12 millones de euros provenientes del Impuesto del Turismo Sostenible para que los consells insulares mejoren los recursos humanos y tecnológicos en la lucha contra la oferta ilegal.
