El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la apertura de una consulta pública previa a la decisión sobre la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell. El Ejecutivo recabará desde este martes la opinión de organizaciones, ciudadanos y asociaciones, en un movimiento inédito en operaciones de este tipo, con el objetivo de “garantizar que cualquier decisión beneficie al interés común del país y de sus ciudadanos”.
Sánchez realizó el anuncio durante la inauguración de las jornadas del Cercle d’Economia en Barcelona, ante la presencia de los máximos responsables de ambas entidades bancarias. La decisión llega después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) diera luz verde a la operación, aunque imponiendo condiciones por los riesgos de concentración detectados en ámbitos como medios de pago, depósitos y créditos a pymes. El presidente del Gobierno subrayó que la consulta busca “tomar el pulso” a la sociedad y a los agentes económicos antes de que el Ministerio de Economía decida, en un plazo de 15 días, si eleva la operación al Consejo de Ministros, que tendrá la última palabra.
La iniciativa ha sorprendido a los implicados y a los analistas, ya que no existe precedente de una consulta pública de este tipo en fusiones bancarias en España. Algunos sitios destacan que la medida responde a la presión de patronales, sindicatos y partidos políticos, especialmente en Cataluña, reacios a la desaparición de una entidad financiera de peso en el territorio. El Gobierno, que ha mostrado en otras ocasiones su preocupación por la cohesión territorial y la competencia en el sector, insiste en que la operación solo recibirá luz verde si respeta el interés general y no perjudica a los clientes ni a las pymes.
Mientras tanto, la CNMC ha dejado la operación sujeta a compromisos durante al menos tres años, especialmente en lo relativo al mantenimiento de condiciones crediticias para pequeñas y medianas empresas, que podrían prorrogarse dos años más. El proceso ahora queda en manos del Ejecutivo, que tras la consulta pública y el análisis de las aportaciones recibidas, deberá decidir si autoriza, condiciona o veta la integración de ambas entidades.
