La controversia dentro del Ejecutivo escribió un nuevo capítulo tras la rescisión del contrato de compra de balas a una empresa israelí, que ha situado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el centro de la diana política,
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha calificado de “error” la gestión del acuerdo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, un compromiso por el cual España iba a adquirir 15 millones de balas destinadas a la Guardia Civil a la compañía 'Guardian Defense & Homeland Security S.A', por valor de 6,6 millones de euros.
En una entrevista con RNE, Díaz ha celebrado que Sumar haya "conseguido" que el ministro diera marcha atrás en su "error" de adjudicar este contrato, y ha evitado cargar contra sus socios de coalición del PSOE tras sus fuertes desavenencias en materia de defensa.
"Yo creo que en política, como en la vida, uno tiene que rectificar, y aquí lo dejo", ha expuesto la política sobre de Marlaska.
El contexto de este conflicto se remonta al acuerdo de coalición, que comprometía al Ejecutivo a no comprar ni vender armamento a Israel mientras persistiera el conflicto en Gaza. Sin embargo, el Ministerio del Interior siguió adelante con la compra, alegando inicialmente que la rescisión no era posible por motivos legales y por recomendación de la Abogacía del Estado. La presión de Sumar y de Díaz, que defendieron la existencia de fundamentos jurídicos para anular el contrato, llevó finalmente a Moncloa a ordenar su cancelación, pese a la advertencia de que podría derivar en un litigio con la empresa adjudicataria
Díaz defiende que la rescisión del contrato es legal
Ante la preocupación de que este asunto afecte al bolsillo de los ciudadanos porque conlleve el pago de sanciones, Díaz ha defendido que la rescisión es “completamente legal” y que el Gobierno ha actuado conforme al derecho internacional, subrayando que “no corremos ningún riesgo y mucho menos hemos hecho ninguna actuación incorrecta”.
"No corremos ningún riesgo, no hay ninguna acción incorrecta", asegura la vicepresidenta, que junto a su equipo, según ha relatado, dio razones jurídicas a Marlaska amparadas en la legalidad internacional para defender la rescisión del contrato.
La vicepresidenta evita pedir la dimisión de Marlaska
Díaz ha evitado pedir la dimisión de Marlaska, pero ha insistido en que “rectificar nos hace mejores” y que es necesario “comparecer y dar explicaciones” para zanjar la polémica. Además incide en que tiene "una magnífica relación" con él y que es "una persona extraordinaria". Desde Sumar, se ha reivindicado el liderazgo de la vicepresidenta en la negociación y se considera suficiente la rectificación del ministro.
Ha reclamado que el Ejecutivo comparezca para aclarar los hechos, en un nuevo episodio de tensión interna que reabre el debate sobre la transparencia y la coherencia en la política de armamento del Ejecutivo.
Por su parte, Grande-Marlaska ha quedado en el centro de la controversia, acusado de actuar de forma autónoma y de desoír el pacto de coalición, mientras que desde Moncloa se ha optado por respaldar la posición de Díaz y desautorizar la gestión inicial del Ministerio del Interior. La oposición, encabezada por el PP, ha anunciado que llevará el caso al Tribunal de Cuentas y ha criticado la falta de coordinación y transparencia en el Gobierno.
La rescisión del contrato, más allá de su dimensión administrativa, ha abierto un debate sobre la política exterior y la coherencia del Ejecutivo en materia de derechos humanos, así como sobre la gestión interna y la rendición de cuentas de los altos cargos. Díaz, firme en su postura, ha reiterado que la ciudadanía merece explicaciones claras y que el Gobierno debe actuar con transparencia en asuntos de tanta sensibilidad política y social.
