La Generalitat presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional al nuevo real decreto de reparto de menores no acompañados aprobado por el Gobierno Central. La Vicepresidenta primera del Consell y Consellera de Igualdad Susana Camarero considera que la crisis migratoria se debe a la falta de política migratoria del Gobierno de España, que está provocando un efecto llamada y ha exigido una política migratoria en origen.
La Consellera ha reiterado que la Comunitat Valenciana no es insolidaria pero que no puede absorber 500 menores tal y como contempla el reparto actual. Asegura que supondría tener que hacinar a los menores acogidos.
En la actualidad hay acogidos de media 480 menores migrantes en toda la Comunitat Valenciana la mayoría adolescentes. Afirma que han incrementado el número de plazas en un 66 % respecto a las que había disponibles en el gobierno del Botànic. Según Camarero el real decreto contempla unas medidas de protección con carácter político y no objetivo.
Recuerda que en la actualidad el coste del proyecto migratorio supone más de 23 millones anuales al Gobierno valenciano, un coste que dice asumen casi en solitario, dado que el Gobierno de Sánchez solo paga 1,2 millones.
