Las investigaciones comenzaron el pasado mes de enero tras una alerta de servicios sociales. Comunicaron que una persona había acudido «desesperada» a pedir ayuda ya que, pese a trabajar más de diez horas diarias, incluidos fines de semana, no disponía de recursos suficientes, ni siquiera para comer, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
Falsas promesas
La víctima denunció que la habían captado con «falsas promesas» de regularizar su situación en España. Ofrecían sueldos de hasta 4.000 euros mensuales para trabajar instalando fibra óptica en domicilios y empresas.
La Policía vasca centró sus pesquisas en el empresario riojano, sin antecedentes penales y administrador único de dos empresas. A través de estas, captaba mano de obra tanto en España como en el extranjero. Las empresas eran subcontratadas por compañías instaladoras que trabajaban para operadoras de telecomunicaciones.
Los trabajadores, en situación administrativa irregular, no eran dados de alta en la Seguridad Social. Recibían carnés falsificados a nombre de personas que sí figuraban como afiliadas. Esto permitía al arrestado emplear simultáneamente a varias personas con una única alta legal.
Presuntamente, según el Departamento de Seguridad, el empresario se quedaba con el 75 % del importe generado por cada instalación. Del 25 % restante, descontaba a los trabajadores gastos por gasolina, alojamiento y supuestas deudas. Asimismo, les restaba un 8 % adicional por realizar su labor sin papeles. De esta forma, quedaban «en una situación económica de extrema vulnerabilidad».
Otras cuatro denuncias
A la primera denuncia, se han sumado otras cuatro. Se prevé que el número de víctimas aumente tras la detención del investigado, tras la que el Juzgado de Instrucción número 3 de Durango (Bizkaia) autorizó entradas y registros en Logroño, así como en Miranda de Ebro (Castilla y León). En este último municipio, con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía, fue arrestada una mujer de 32 años presuntamente implicada en los hechos.
